Inversión, empleo y salario: pilares de la reducción de la pobreza en México

La pobreza en México cayó a 29.5% en 2024. Gobierno y empresarios coinciden en que salario digno e inversión son la ruta.

Panorama Latino.– México atraviesa una transformación en materia laboral y social. La reducción de la pobreza en los últimos años —13.7 millones de personas dejaron esta condición entre 2016 y 2024, según datos del INEGI— se explica principalmente por el crecimiento del ingreso laboral y la recuperación del salario mínimo.

Este avance ha sido reconocido tanto por organismos empresariales como la COPARMEX, como por el propio gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha reiterado que “el trabajo digno y los salarios justos son la vía más sólida para construir un país con menos desigualdades”.

Avances: menos pobreza, más empleo formal

En 2024, el 29.5% de la población (38.5 millones de personas) vivía en situación de pobreza, una cifra histórica al compararse con el 43.2% registrado en 2016. Este cambio positivo se atribuye al incremento del salario mínimo —que desde 2016 acumula un aumento real de 150%— y a la formalización de empleos en sectores clave de la economía.

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El ingreso laboral representa hoy el 66% del ingreso familiar, lo que confirma que empleo y productividad son la ruta más eficaz para abatir la pobreza.

La presidenta Sheinbaum ha resaltado está relación entre salarios dignos y  abatimiento de la pobreza, al señalar que el fortalecimiento del salario mínimo y la promoción del empleo formal se integran como ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, cuyo propósito es “erradicar la pobreza extrema en esta generación”.

Desafíos: desigualdad y carencias sociales

A pesar de los avances, los retos estructurales persisten. El 41.9% de la población enfrenta al menos una carencia social, siendo las más graves la falta de seguridad social (48.2%) y el limitado acceso a servicios de salud (34.2%).

La presidenta ha reconocido este desafío, destacando que “no basta con crecer en empleo; el crecimiento debe ir acompañado de bienestar social”. Por ello, el gobierno busca incrementar la cobertura en salud y educación como motores de movilidad social.

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Brecha regional: del rezago al progreso

Estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca mantienen los mayores índices de pobreza, al registrar tasas de 66%, 58.1% y 51.6% de su población en pobreza, mientras que entidades como Nuevo León muestran avances notables, con más de la mitad de su población fuera de la pobreza y la vulnerabilidad.

Sheinbaum ha insistido en que el desarrollo debe llegar a todos los rincones del país: “Nuestro compromiso es que no haya un México de dos velocidades; donde haya desigualdad estructural, habrá inversión pública, infraestructura y políticas laborales que equilibren la balanza”.

Postura empresarial: coincidencia con el gobierno

La COPARMEX reconoció que la reducción de la pobreza ha sido posible gracias a la alianza entre trabajadores, empresas y políticas públicas que elevaron el salario mínimo. Sin embargo, pidió al gobierno priorizar en el próximo Presupuesto de Egresos áreas como educación y salud, además de actualizar las tablas de ISR para que los incrementos salariales beneficien de manera plena a los hogares.

En este punto, la presidenta Sheinbaum coincide con el sector empresarial, al sostener que “salario digno, inversión y certeza jurídica son la fórmula para que México avance hacia una economía más inclusiva”.

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Hacia una reducción estructural y sostenible de la pobreza

La hoja de ruta planteada por el sector privado y respaldada por el gobierno federal incluye:

  • Generar empleos de calidad con remuneraciones suficientes.
  • Ampliar la participación de mujeres y jóvenes en el mercado laboral.
  • Garantizar educación y servicios de salud de calidad.
  • Impulsar proyectos de economía social y cooperativas.
  • Promover la inversión con certeza jurídica y seguridad.

Tanto el gobierno como el sector empresarial coinciden en que el empleo formal y bien remunerado es la clave para reducir la pobreza de manera permanente, acompañado de políticas sociales que aseguren derechos fundamentales.

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