Panorama Latino.- El debate sobre el Fobaproa nunca se ha cerrado del todo. Tres décadas después de la crisis bancaria de los noventa, sus repercusiones financieras y políticas siguen marcando a México y alimentando discusiones sobre justicia fiscal.
Ahora, la decisión del gobierno de eliminar la deducción de impuestos a los bancos por sus aportaciones al IPAB busca reinterpretar ese legado. La medida no solo toca a las finanzas públicas, también cuestiona los privilegios heredados del rescate bancario.
El fin de una deducción histórica ligada al Fobaproa
Durante su conferencia matutina del 4 de septiembre, Claudia Sheinbaum anunció un cambio profundo en la política fiscal mexicana: a partir de 2026 los bancos ya no podrán deducir de impuestos las aportaciones relacionadas con el Fobaproa, hoy administrado por el IPAB.
Con esta decisión, el gobierno federal busca cerrar un capítulo de privilegios fiscales que se mantenían desde hace más de dos décadas. Según las estimaciones oficiales, la medida permitirá recuperar alrededor de 10 mil millones de pesos adicionales para las finanzas públicas.
Además, Sheinbaum explicó que este cambio será incorporado en el Paquete Económico 2026 que será enviado al Congreso en los próximos días.
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Fobaproa: de deuda privada a carga pública
El Fobaproa fue creado en 1990 para proteger la estabilidad bancaria, pero cobró relevancia en 1995, cuando la crisis financiera obligó al Estado a absorber pasivos privados.
Lo que inició como una deuda de bancos en quiebra se transformó en un compromiso público de 552,300 millones de pesos, equivalente al 11% del PIB de ese año. Desde entonces, el Fondo fue sustituido por el IPAB, que administra los pagos de esa deuda.
Sin embargo, uno de los mayores cuestionamientos de la actual administración federal es que, pese a que la sociedad mexicana asumió la mayor parte del costo, los bancos podían deducir sus aportaciones fiscales al fondo.
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Sheinbaum: fin a los privilegios fiscales para los bancos
Durante su conferencia matutina del viernes, la presidenta fue contundente al señalar que “la deuda que era privada y se convirtió en deuda pública (…) esa parte que aportan los bancos se deducía de impuestos, pero ya no será posible a partir del próximo año”.
De esta forma, el gobierno de la Cuarta Transformación continúa con la línea marcada por Andrés Manuel López Obrador: revisar los beneficios fiscales que favorecieron a los bancos tras la crisis de los noventa.
Sheinbaum también recordó que este esquema se mantuvo durante gobiernos posteriores, incluyendo el de Enrique Peña Nieto, cuando se hicieron nuevos ajustes a los abonos del IPAB.
Impacto financiero y reacción esperada del sector
La eliminación de la deducibilidad del Fobaproa permitirá aumentar la recaudación tributaria. Según la Secretaría de Hacienda, la medida aportará hasta 10 mil millones de pesos adicionales a las arcas públicas.
Aunque los bancos aún no se han pronunciado oficialmente, Sheinbaum aseguró que ha dialogado con algunos propietarios de instituciones financieras. “Creemos que estarán de acuerdo porque es justo que no exista esa deducción”, afirmó.
Este ajuste fiscal se suma a un contexto en el que las instituciones financieras registran ganancias históricas, lo que podría amortiguar el impacto de la medida en sus balances.
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Fobaproa: repercusiones sociales y económicas de largo plazo
Desde su transformación en deuda pública, el Fobaproa ha sido uno de los temas más sensibles en la memoria económica y política de México. La crítica central es que el rescate bancario limitó durante años la inversión en sectores sociales estratégicos.
Hoy, la deuda administrada por el IPAB todavía supera el billón de pesos, lo que refleja la magnitud de ese compromiso histórico.
Para Sheinbaum, poner fin a la deducibilidad es un acto de justicia fiscal: evita que los bancos sigan recibiendo beneficios mientras la sociedad continúa cargando con los costos de aquella crisis.
El camino legislativo y los próximos pasos
La reforma que pondrá fin a la deducibilidad del Fobaproa será presentada como parte del Paquete Económico 2026. El 8 de septiembre, la Cámara de Diputados recibirá la propuesta para iniciar el debate legislativo.
El secretario de Hacienda, Édgar Amador, adelantará los detalles técnicos de la medida en los próximos días, explicando los mecanismos fiscales que garantizarán su implementación.
El Congreso deberá definir si respalda la iniciativa, en un contexto político donde la mayoría parlamentaria de la Cuarta Transformación podría facilitar su aprobación.
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– ND
