Panorama Latino.- En un entorno empresarial cada vez más desafiante, los delitos económicos se han convertido en un riesgo crítico para la sostenibilidad, la reputación y el crecimiento de las organizaciones en México. Así lo afirman diversos estudios que analizan desde fraudes hasta los ciberataques.
La Encuesta Global de Delitos Económicos 2024, elaborada por PwC, reveló que el 53% de los ejecutivos mexicanos consultados indicó haber enfrentado al menos un incidente relacionado con faltas económicas o financieras en los últimos dos años.
La mayor tasa de delitos económicos podría reflejar que en México existe un mayor riesgo al hacer negocios. Una muestra de ello es que el 45% de las organizaciones en el país ha sido víctima de intentos de fraude. Esto impide dar certeza a los inversionistas, señala el estudio sobre el Impacto de los Delitos Financieros en México 2024 de la consultora KPMG.
“Las consecuencias de los delitos van mucho más allá de las pérdidas monetarias. Pueden destruir la reputación de una empresa en cuestión de días y comprometer su viabilidad a largo plazo”. Así lo advirtió Juan Pacheco, Socio en De la Paz, Costemalle DFK, en un comunicado.
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¿Qué son los delitos económicos?
Los delitos económicos son actividades ilegales que se cometen con el objetivo de obtener beneficios financieros o comerciales. Generalmente implican el uso indebido de recursos, manipulación de información o abuso de confianza dentro del ámbito empresarial o financiero.
Los fraudes financieros y los ciberataques comprometen la salud financiera de las empresas y la confianza del mercado y de los inversionistas. Las consultoras PwC y De la Paz, Costemalle DFK coinciden en las siguientes faltas como las más recurrentes en el país.
El Fraude financiero busca generar una apariencia de solidez económica que no corresponde con la realidad. Incluye:
- Falsificación de estados financieros
- Manipulación de cifras contables
- Sobrevaloración de activos o ingresos inexistentes para engañar a inversionistas, autoridades o socios comerciales.
El lavado de dinero consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de fondos, normalmente derivados de actividades delictivas. Esto, mediante transacciones financieras legítimas. Las empresas pueden verse involucradas, incluso sin saberlo, al ser utilizadas como vehículos para blanquear dinero.
La malversación de fondos y abuso de confianza implica el uso no autorizado de recursos económicos de una empresa por parte de empleados o directivos para beneficio personal. Esta conducta suele darse en áreas como:
- Tesorería
- Compras
- Contabilidad
Por el otro lado, los ciberfraudes se han vuelto cada vez más sofisticados y frecuentes con el auge de la digitalización. Entre ellos se encuentran:
- Phishing
- Ransomware
- Accesos no autorizados a sistemas internos para robar datos financieros o realizar transferencias indebidas.
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Acciones del CFO claves para evitar delitos económicos
En un entorno empresarial marcado por la incertidumbre y la complejidad, el rol del líder financiero exige una colaboración estrecha con las áreas de riesgos, operaciones e impuestos. Esto, con el fin de desarrollar estrategias efectivas para prevenir y mitigar los riesgos vinculados al fraude y a la corrupción, señala PwC México.
Una coordinación sólida entre el Chief Financial Officer (CFO) y el Chief Risk Officer (CRO) es clave para gestionar eficazmente los riesgos relacionados con los delitos. Esta acción permite alinear esfuerzos en la prevención y fortalecer los mecanismos de control frente a posibles incidentes, señala la consultora.
Una alianza estratégica entre el CFO y el CRO exige una comunicación constante y efectiva, sustentada en reuniones periódicas donde se definan y alineen las prioridades en materia de gestión de riesgos, señala la consultora en su reporte Encuesta Global de Delitos Económicos 2024.
Esta colaboración debe traducirse en una asignación inteligente de recursos financieros para invertir en herramientas y tecnologías que faciliten la detección oportuna de riesgos. En particular en aquellos vinculados al cibercrimen y al fraude en los procesos de adquisición, señala PwC México.
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