Panorama Latino.- La reducción de la pobreza en México entre 2022 y 2024, con 8.3 millones de personas que salieron de esa condición, refleja la importancia de reforzar políticas laborales y sociales. Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que estos avances no serán sostenibles sin más inversión pública y privada que impulse el crecimiento económico.
Además, el organismo subrayó que la inversión debe generar infraestructura, servicios y proyectos productivos que permitan a las familias mantenerse en el sector formal, con ingresos estables y acceso a seguridad social.
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Inversión pública como motor de empleo formal
De acuerdo con el CCE, los programas sociales, el aumento del salario mínimo y el cambio al régimen de subcontratación han marcado un punto de inflexión en el mercado laboral.
Asimismo, la dinámica del sector privado elevó el valor agregado de la producción, lo que permitió mejorar los salarios y aumentar los empleos formales.
Por ello, el organismo empresarial destacó que la inversión pública puede convertirse en el catalizador para que más trabajadores abandonen la informalidad y accedan a empleos con protección laboral.
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Retos de la informalidad y el papel de las mipymes
El CCE recordó que la economía mexicana aún enfrenta el reto de la informalidad laboral, que limita el acceso a seguridad social y reduce la productividad del país.
Por lo tanto, insistió en que es fundamental integrar a las micro y pequeñas empresas a los beneficios de la economía formal, mediante incentivos, capacitación y financiamiento.
Del mismo modo, señaló que este segmento empresarial es responsable de la mayor parte de los empleos en México y depende en gran medida de la inversión pública para desarrollar infraestructura que facilite su competitividad.
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Inversión pública y certeza jurídica para atraer capital
El Consejo Coordinador Empresarial afirmó que el Paquete Económico 2026 debe reflejar un compromiso claro con la inversión y con el fortalecimiento del Plan México.
En particular, el organismo puntualizó que la certeza jurídica es indispensable para atraer más capital nacional y extranjero, consolidando proyectos de largo plazo.
Finalmente, enfatizó que solo con un incremento sostenido de la inversión pública y privada será posible mantener la reducción de la pobreza, fortalecer la formalización y garantizar un desarrollo incluyente.
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– ND
