Panorama Latino.- El control del precio de la gasolina no es únicamente un asunto energético, sino también un indicador clave de gobernabilidad y justicia social. Cada ajuste repercute directamente en la movilidad, el transporte de mercancías y la inflación general.
En este marco, la Estrategia Nacional planteada por autoridades y empresarios adquiere un carácter estructural. Su objetivo trasciende los números inmediatos: dar certidumbre a consumidores y empresas mientras se fortalece la política energética del país.
En febrero de este año, el Gobierno de México firmó un acuerdo histórico con empresarios gasolineros para fijar el precio de la gasolina magna en un máximo de 24 pesos por litro.
Además, este compromiso fue establecido de manera voluntaria por los distribuidores. Se trata de un mecanismo de corresponsabilidad entre sector público y privado, que busca dar estabilidad a un insumo estratégico.
Por lo tanto, este esquema se renovó recientemente por seis meses más, extendiendo sus efectos hasta principios de 2026. Con ello, se garantiza un marco previsible en la política energética nacional.
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1. Precio de la gasolina: impacto en los hogares
Gracias a la Estrategia Nacional, el precio de la gasolina regular se redujo a un promedio nacional de 23.54 pesos por litro. El objetivo es que, con este precio, los costos del transporte y del consumo familiar se vean afectados por alzas abruptas.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó durante la firma de este acuerdo en febrero pasado que este esfuerzo “pone el interés público en el centro de la política energética”. Con ello, se busca dar certidumbre al bolsillo de millones de familias mexicanas.
Por ende, el esquema también aporta estabilidad a las empresas, que dependen del combustible para la distribución de mercancías y servicios. La medida representa, según la Secretaría de Energía (Sener), un freno frente a la incertidumbre económica.
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2. Mesas de trabajo entre gobierno y empresarios
Durante estos meses, se realizaron más de 80 reuniones entre autoridades y empresarios del sector para afinar la estrategia. Los encuentros abordaron normatividad técnica, controles volumétricos y esquemas de supervisión continua.
Igualmente, la Secretaría de Energía y Pemex, junto con Profeco, Hacienda y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, participan en la implementación. El objetivo es garantizar transparencia en costos y operación de estaciones.
En paralelo, se instalaron mesas de trabajo permanentes para identificar áreas de mejora regulatoria y elevar la eficacia de la política pública. Esto refuerza la coordinación interinstitucional en favor de los consumidores.
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3. Precio de la gasolina y justicia social
De acuerdo con la Presidencia, la estrategia busca “poner la energía al servicio del pueblo”. La lógica es que el precio de la gasolina no se convierta en un factor de desigualdad ni de presión inflacionaria.
A la par, el gobierno federal afirma que la medida se enmarca en la visión de justicia social de la Cuarta Transformación, donde la energía se considera un bien público esencial. De esta forma, el combustible queda protegido como recurso estratégico.
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– ND
