Francisco Arballo, socio de Grupo Consultor EFE™ y especialista en Precios de Transferencia, advierte sobre las implicaciones económicas que podrían derivarse de la nueva agenda fiscal y comercial promovida desde Washington.
Las recientes reformas impulsadas por el presidente Donald Trump, denominadas por su equipo como el “One Big Beautiful Bill”, están diseñadas para reforzar las finanzas públicas de Estados Unidos mediante una serie de medidas fiscales y de seguridad nacional. Sin embargo, sus efectos
Arballo, explica que, aunque estas reformas buscan fortalecer la economía estadounidense, también representan un riesgo directo para sectores clave de la economía mexicana como el automotriz, agroalimentario y siderúrgico. A esto se suma un controversial impuesto del 1% a las remesas, un flujo que representa cerca de 60 mil millones de dólares anuales para México.
“Para México ese gravamen del 1% es doblemente sensible, porque las remesas suelen destinarse al consumo básico en comunidades de ingreso medio o bajo. Reducir ese flujo significa menos dinero en los bolsillos de miles de familias y menos dinamismo en el comercio local”, afirmó Arballo.
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Remesas y economía popular: un golpe directo al consumo
La propuesta de gravar con un 1% las remesas que se envían desde Estados Unidos a México tiene una fuerte carga simbólica y económica. Las remesas son uno de los pilares financieros para millones de hogares en el país, y una reducción en su poder adquisitivo podría desencadenar una caída en el consumo interno, en especial en zonas rurales o marginadas.
Además, señala Arballo, si se consideran efectos adicionales como la depreciación del peso frente al dólar, el impacto puede amplificarse: “La misma cantidad de dólares representará una menor cantidad de pesos, lo que afectará directamente el poder de compra de las familias mexicanas”.
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Aranceles y disputas comerciales reactivadas
Otro de los puntos críticos en la reforma de Trump es la reinstalación de aranceles a productos mexicanos. Un caso reciente es el arancel de 17% al tomate fresco, con el que se pone fin a un acuerdo de suspensión vigente desde hace casi tres décadas.
Esta decisión, según Arballo, puede tener consecuencias en cascada: desde el encarecimiento de productos derivados como salsas, hasta la pérdida de competitividad frente a otros países exportadores. “Es un golpe directo al sector agrícola, pero también al consumidor final, que verá reflejado ese aumento en el precio”, advierte.
Por si fuera poco, se prevé también un incremento del arancel del 25% al 50% para el acero y el aluminio, lo que impactaría tanto a los exportadores mexicanos como a las industrias manufactureras que dependen de estas materias primas.
¿El mayor riesgo? El sector automotriz
Uno de los sectores más amenazados por la reforma es el automotriz, columna vertebral de las exportaciones mexicanas. Actualmente, los vehículos y autopartes que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC ya enfrentan un arancel del 25%. Sin embargo, la Casa Blanca ha amenazado con elevarlo hasta el 30%.
Esto obligaría a las armadoras mexicanas a revisar minuciosamente la cadena de suministro de cada componente, en coordinación con el UPAC (Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales), para asegurarse de que los productos cumplen con los requisitos del tratado.
“Todavía es temprano para medir con precisión los efectos de todas estas reformas, pero la calificadora Moody’s ya estima que podrían reducir en un punto porcentual el crecimiento del PIB mexicano en 2025”, alerta Arballo.
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¿Qué pueden hacer las empresas mexicanas?
Ante este panorama, Arballo propone una serie de medidas estratégicas que los empresarios mexicanos deben considerar para mitigar los impactos:
- Revisar reglas de origen: Especialmente aquellas empresas que exportan bajo el T-MEC, deben asegurarse de que sus componentes cumplen con los requisitos para evitar aranceles adicionales.
- Sustituir insumos asiáticos: Reemplazar proveedores de Asia por insumos originarios de México, Estados Unidos o Canadá puede ser clave para mantener la competitividad y el cumplimiento normativo.
- Diversificación de mercados: México tiene tratados comerciales con más de 40 países. Exportadores que logren abrir mercados en Europa, Sudamérica o Asia-Pacífico podrían reducir su exposición a medidas unilaterales de EE.UU.
- Uso de recintos fiscalizados estratégicos: Establecer inventarios en zonas cercanas a la frontera —sin cruzarlos aún— permite mayor flexibilidad ante eventuales suspensiones o ajustes a las tarifas impuestas.
- Reducción de costos: Optimizar procesos y logística puede ayudar a absorber parte de los nuevos aranceles sin perder participación de mercado.
El tiempo juega en contra
Arballo advierte que los exportadores mexicanos tienen poco margen de acción: “Existe un plazo inmediato para llegar a un acuerdo con el gobierno de EE.UU. y evitar que el arancel general del 30% entre en vigor. Eso está empujando a muchas empresas a adelantar envíos, lo que podría saturar puertos y aduanas, y generar disrupciones logísticas”.
Para muchos empresarios, estas reformas representan no solo un reto económico, sino también una oportunidad para repensar sus cadenas de suministro y fortalecer su capacidad de respuesta ante escenarios volátiles.
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