Panorama Latino. Por unanimidad, con 474 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Está faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de extorsión
La reforma modifica el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución. El objetivo es unificar los tipos penales, agravantes y sanciones aplicables al delito de extorsión además de establecer mecanismos de prevención, investigación y atención a víctimas, ofendidos y testigos.
Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso tendrá un plazo máximo de 180 días para aprobar la nueva ley general. Mientras tanto, continuarán vigentes las disposiciones federales y estatales en la materia. El régimen transitorio contemplará los ajustes normativos necesarios en cada estado.
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¿Por qué es urgente una ley general contra la extorsión?
La legislación actual sobre extorsión, contenida en el Código Penal Federal, data de 1984. Esto significa que no contempla las nuevas modalidades del delito, como las realizadas mediante tecnologías digitales, llamadas falsas, fraudes en línea o aquellas vinculadas al crimen organizado.
Cada estado ha definido de manera independiente los tipos penales y las sanciones, lo que genera vacíos legales y falta de coordinación. La nueva reforma busca armonizar la legislación en todo el país, cerrar espacios de impunidad y fortalecer la cooperación entre los tres órdenes de gobierno.
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Impacto económico de la extorsión en México
El costo total de la inseguridad para los negocios en 2023 alcanzó 124 300 millones de pesos, equivalente al 0.51 % del PIB nacional. El gasto promedio por unidad económica afectada fue de 54 451 pesos, considerando tanto pérdidas directas como medidas preventivas implementadas.
La situación también refleja una crisis de confianza en la justicia. Solo 12.2 % de los delitos cometidos contra negocios fueron denunciados, y en apenas 9.7 % de esos casos se inició una carpeta de investigación. Esto significa que 9 de cada 10 delitos quedan sin proceso formal.
La falta de denuncias responde principalmente a la percepción de que denunciar “es una pérdida de tiempo” (33.4 %) o que el delito “es de poca importancia” (14.9 %).
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INEGI revela impacto económico de la extorsión en empresas mexicanas
En términos económicos, el costo total de la inseguridad para los establecimientos alcanzó los 124 mil 300 millones de pesos, es decir 0.51 % del PIB, de los cuales 54 mil 451 pesos fue el gasto promedio por unidad económica, incluyendo medidas preventivas y pérdidas.
Finalmente, el problema está presente en todo el país: el 59.1 % de las unidades económicas considera que la inseguridad y la delincuencia son sus principales problemas, y en estados como Guanajuato, Tabasco y Morelos, ese porcentaje supera 70 %.
La aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma constitucional que faculta al Congreso para dictar una ley general contra la extorsión es un paso indispensable para homologar sanciones, cerrar vacíos normativos y modernizar la respuesta ante este delito.
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-FMG
