Panorama Latino.- La Cámara de Diputados de México ha aprobado por unanimidad la Ley para frenar la Extorsión, una reforma constitucional que busca unificar y fortalecer las herramientas legales para combatir el delito de extorsión.
Este dictamen, que ahora pasará al Senado y a los congresos estatales, es una respuesta directa al que los legisladores han denominado el «impuesto del crimen»: un flagelo que afecta a ciudadanos, comerciantes y autoridades por igual.
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Un delito en ascenso: Cifras que alertan a la sociedad
El aval a esta reforma no es casual. El delito de extorsión ha mostrado un crecimiento alarmante en los últimos años, desafiando al Estado mexicano, generando pérdidas millonarias.
Según los datos presentados por los diputados, las cifras son contundentes:
- Aumento del 58% en seis años: En 2018, se registraban 19 extorsiones diarias en promedio; para enero de 2025, la cifra aumentó a 29.
- Más de 6,880 víctimas: Tan solo entre enero y julio de 2025, se registraron 6,880 víctimas de extorsión, la cifra más alta en al menos seis años.
- Pérdidas millonarias: La extorsión representa pérdidas de 26 mil millones de pesos al año, lo que equivale a 71 millones de pesos diarios que alimentan a las redes criminales.
El problema es aún más grave debido a la cifra negra del 96%, lo que significa que solo el 4% de las víctimas de extorsión denuncian el delito, según la diputada Lilia Aguilar Gil.
Esta falta de denuncia crea un círculo de impunidad que las organizaciones criminales aprovechan para consolidar sus «imperios delictivos», señaló el diputado Ricardo Mejía Berdeja.
Ley para frenar la Extorsión: una estrategia unificada
La Ley para frenar la Extorsión modifica el Artículo 73 de la Constitución Política, otorgando al Congreso de la Unión la facultad de establecer un marco jurídico nacional para sancionar y prevenir la extorsión.
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El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Leonel Godoy, detalló que el siguiente paso será la creación de una ley general con puntos clave como:
- Denuncia anónima: La ley permitirá a las víctimas denunciar el delito sin revelar su identidad.
- Persecución de oficio: El delito de extorsión será investigado y perseguido por las autoridades sin necesidad de una denuncia formal de la víctima.
- Unificación de penas y sanciones: Se establecerán castigos y agravantes homogéneos a nivel nacional, eliminando las disparidades entre códigos penales estatales.
- Coordinación interinstitucional: La ley obligará a una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno para la prevención, investigación y atención a víctimas.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez resaltó que esta medida es un paso en la dirección correcta para generar «reglas parejas y coordinación real». Este enfoque busca crear una estrategia integral que ataque el problema de raíz y garantice que los delincuentes no encuentren refugio en la impunidad.
El debate sobre el presupuesto y la crítica de la oposición
A pesar del apoyo unánime a la reforma, la oposición criticó que la propuesta del Paquete Económico para 2026 no refleje el mismo compromiso con la seguridad.
La diputada del PAN, Annia Gómez, señaló que la paz no se decreta, sino que se construye con inversión. «Acaba de llegar el presupuesto y trae una importante reducción de más de 10 mil millones de pesos en materia de seguridad», lamentó la legisladora. Haciendo un llamado a la mayoría para revertir el recorte y destinar recursos suficientes a los cuerpos policiales.
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Esta controversia presupuestal subraya una tensión clave en la estrategia de seguridad del país: la necesidad de que los cambios legislativos vayan acompañados de un compromiso financiero real para que la lucha contra el crimen sea efectiva.
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– CGP
